El pasado viernes 1 de julio, Latin NCAP emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que "Chile incorpora calificación NCAP en etiquetado de seguridad vehicular". Ante tamaña novedad, y aprovechando nuestra presencia en toda Latinoamérica, la redacción de Autocosmos Chile salió al cruce y aclaró que la realidad allí es otra.
La respuesta a Latin NCAP desde Autocosmos Chile
En lo que fue una interpretación acelerada y antojadiza de una solicitud de actualización del Decreto 26, emanada desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile (MTT), Latin NCAP señaló que dicho organismo "incorpora la calificación de seguridad de Latin NCAP para los modelos de vehículos nuevos comercializados en el país", para luego agregar que "Chile se convierte así en el primer país de la región en incluir en el etiquetado de seguridad las calificaciones de estrellas NCAP".
Resulta que lo anunciado por Latin NCAP no es cierto, por lo que suponemos que se trata de un arrebato del organismo afincado en Uruguay, o, peor aún, de un intento de ejercer algo de presión en las autoridades del país a cargo de este tema. La realidad es que la solicitud enviada por el MTT a la Contraloría General de la República (lo que sería la Auditoría General de la Nación de Chile) tiene como fin la promulgación de un decreto "Supremo" (emitido por el Presidente de la República) "que actualizará el actual rótulo de elementos de seguridad optativos que deben exhibir los vehículos livianos nuevos".
"Se trata de una medida que permitirá incorporar nuevas exigencias mínimas a los vehículos livianos comerciales y a los medianos, junto con establecer nuevos elementos optativos de seguridad. Además, en el caso de los vehículos livianos de pasajeros y vehículos medianos, se modifica el actual rótulo de elementos de seguridad optativos, que ahora incluirá, de forma adicional, información sobre la calificación obtenida en cualquier programa de evaluación de desempeño de seguridad", indica el MTT en su comunicado.
Fotos: Latin NCAP.
Vale decir que, por ahora, se trata de un proyecto de decreto, ya que enviarlo a la Contraloría no significa que sea aprobado per se. Primero, hay que ver si supera ciertos controles legales, específicamente para analizar si le corresponde al Ministerio de Transportes entregar, a través de un decreto, facultades especiales a un organismo extranjero, sobre cuyos protocolos y formas de actuar no existiría control alguno. Sobre este punto, la entidad que reúne a los representantes chilenos de automotrices e importadores, la ANAC (Asociación Nacional Automotriz de Chile) señala que "estamos seguros que dicha tramitación será abortada en la Contraloría".
Lo segundo, y más importante, es que, en caso de ser aprobado, el decreto habla de "cualquier programa de evaluación de desempeño", y no necesariamente el de Latin NCAP o el de alguno de los NCAP globales. Por ejemplo, podría ser la evaluación realizada por gobiernos europeos o asiáticos, o por la NHTSA o el IIHS de Estados Unidos.
Finalmente, la propia Latin NCAP aclara lo siguiente: "El Decreto establece que todos los modelos de vehículos nuevos a la venta deben exhibir la calificación obtenida en el Programa NCAP, siempre y cuando alguna de las unidades utilizadas para la evaluación haya sido adquirida en Chile. En caso de que el modelo no haya sido evaluado por NCAP con unidades adquiridas en Chile, la etiqueta mostrará la leyenda no disponible". Este punto puede resultar clave, ya que organismos como Latin NCAP no siempre compran vehículos en nuestro territorio, y en los casos de pruebas más avanzadas exigen que los autos sean enviados a pruebas de choque en Alemania por los mismos fabricantes, quienes financiarían dichas pruebas con el obvio conflicto de interés.
Ahora, más allá de la semántica, ¿es bueno que se obligue a las marcas que comercializan autos en Chile a mostrar una evaluación de seguridad realizada por un organismo privado que opera sin supervisión de las autoridades nacionales competentes? ¿Es razonable que el Gobierno de Chile delegue parte de sus atribuciones y valide sin cuestionamientos los resultados de una evaluación realizada bajo parámetros de financiamiento que no garantizan la ecuanimidad para todos por igual?
La opinión de los representantes de las marcas
El secretario general de ANAC, Diego Mendoza, comentó al respecto: "ANAC aclara que ha hecho ver y valer su posición en todas las instancias en que ha sido requerida con respecto a este asunto por la Autoridad normativa (MTT), resaltando su oposición a que el Estado privatice su función de asegurar la seguridad vial a través del modo automotor, por varias razones".
A la hora de explicar las razones, Mendoza sostuvo: "Primero, porque en la actualidad dicha función la cumple con plena suficiencia técnica el ente público Centro 3CV del MTT, con total excelencia y dando garantías de transparencia a toda la comunidad y al sector automotor. Segundo, porque delegar una función pública, como es testear y etiquetar los estándares de seguridad pasiva y activa de los vehículos automóviles, sólo debe hacerse si no se cuenta con un ente público que esté disponible para hacerlo, lo cual claramente no es el caso, y, adicionalmente, esta delegación facultativa debiese ser materia de Ley y no un acto meramente reglamentario, ya que estamos hablando de una de las más altas potestades que se han deferido por el Legislador al Ministerio de Transportes, situación que no puede ser corregida vía decreto. Finalmente, porque en caso de delegación de tal función, ésta debe hacerse de manera pública, informada y a través de mecanismos de participación competitiva e informada (licitación), y por ningún motivo por designación directa, tal cual sería el caso con NCAP, en caso de materializarse este decreto. Lo anterior, toda vez que dicha privatización directa perdería transparencia, efectividad y, en definitiva, legitimidad".
En Autocosmos somos radicalmente partidarios de la seguridad automotriz. Tal es así que quienes nos siguen en nuestras diferentes plataformas saben que somos el medio especializado más duro que hay cuando se trata de tocar esta materia, lo que nos ha traído más de un problema con ciertas marcas. Además, estamos absolutamente a favor de la transparencia en la entrega de la información por parte de los fabricantes hacia los consumidores, para que la toma de decisión sea lo más informada posible.
Nuestra postura pro seguridad no nos impide compartir la postura de ANAC, y estar en contra de que la autoridad gubernamental reemplace los procesos transparentes de medición esperables en una institución pública, por los que entrega una empresa privada como Latin NCAP, o cualquiera otra nacional o internacional, sin saber la forma en que opera y los intereses podrían haber detrás. Traspasar este rol que recae en la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y en el MTT, es simplemente sacarse de encima el trabajo que deben hacer por el bien de todos los consumidores chilenos.
Después de todo lo dicho, vale reiterar una cosa: por ahora, no existe ninguna norma aprobada, sino que estamos hablando de un “proyecto de decreto”, sometido al control de legalidad que existe en Chile.
Ahora te toca a vos: ¿Qué opinás sobre lo acontecido en Chile con Latin NCAP? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto.
